En junio, el Gobierno anunció la estatización de dos ramales ferroviarios. Randazzo, el ministro de Interior y Transporte, anuncio la quita de la concesión a la empresa brasileña América Latina Logística (ALL), que gestionaba dos ramales con más de 7000 kilómetros de vías y remarcó la importancia de recuperar el sistema carguero para reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad.
La empresa transportaba cargas en el país por más de 5 millones de toneladas anuales. Esto sucede luego de que la empresa brasileña Vale, en marzo, decidiera suspender los trabajos en la mina de Potasio de Río Colorado, una enorme inversión de más de 6000 millones de dólares.
Una de ellas se extiende desde las provincias de Mendoza y San Juan, atravesaba San Luis y Córdoba para luego pasar por Rosario y desembocar en la ciudad de Buenos Aires.
La segunda línea une las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, en el noreste del país, y llega a sus socios comerciales del Mercosur como Paraguay, Uruguay y Brasil.
ALL sostuvo que desconoce los fundamentos de la decisión informada por el Ministro respecto a la rescisión del contrato de concesión y no descartan demandar al gobierno una vez conocidos y analizados esos fundamentos.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) tiene como objetivos propios de su función de control y fiscalización, la protección de los derechos de los usuarios, la promoción de la competitividad en los mercados de las modalidades de transporte terrestre y el logro de mayor seguridad, mejor operación, confiabilidad , igualdad y uso generalizado del sistema de transporte automotor y ferroviario, de pasajeros y de carga, asegurando un adecuado desenvolvimiento en todas sus modalidades (art. 3, anexo I, decreto 1388/96).
Tiene como principal función la de controlar el cumplimiento de las obligaciones de las denominadas normas de policía. También tiene la obligación de proteger los bienes de propiedad estatal cuando los mismos estén afectados a la seguridad en calles y rutas y en materia ferroviaria. Dentro de su competencia debe aplicar sanciones que surjan de los contratos.
El Gobierno asegura que la decisión se basó en incumplimientos severos del contrato, a los que se suman faltas de pagos en el canon que supera los 250 millones de pesos y multas de la CNRT por más de 60 millones. No solo eso, inspecciones recientes revelaron el abandono de ramales, la falta de mantenimiento en el material rodante y el traslado de activos sin autorización. La CNRT y la Secretaría de Transporte elaboraron informes sobre las graves deficiencias e irregularidades detectadas. La empresa brasileña hace más de un año pretendía abandonar el país y transferir su concesión a otra firma.
La regulación debe surgir de una regulación estatal, debe tender a garantizar la prestación presente y futura y establecer los niveles adecuados en la relación calidad-precio. Las redes de transporte son factores determinantes de la unidad política y de la integración de los pueblos.
El artículo 14 de la constitución nacional, se enumera una serie de derechos civiles que tienen relación con el trasporte: los derechos de trabajar, de ejercer la industria licita, de navegar y comerciar, de entrar y transitar y permanecer en el territorio nacional, de asociarse y de disponer de la propiedad. El transporte se desarrolló como consecuencia de la iniciativa privada bajo la protección de esos derechos, y a medida que se desarrollaba el trasporte crecía geográficamente la Nación, a medida que se tendías las líneas férreas nacían nuevos pueblos.
La ley 2873 – Ley General de Ferrocarriles, de 1891, crea la Dirección General de ferrocarriles, que funcionaba con marcada independencia y con atribuciones de funciones jurisdiccionales en el ámbito de su competencia, reconocido por la Corte Suprema. Esta Ley aplica a los contratos de concesión de servicios ferroviarios.
Ahora, el tren pasará a estar bajo el control de la Sociedad Belgrano Cargas y Logística, uno de los trenes une Buenos Aires y Santa Fe con Cuyo, y el otro, integra la Mesopotamia con Buenos Aires y Capital Federal.
El primero trasladó el año pasado 2,5 millones de toneladas, principalmente aceros y cereales. El segundo está prácticamente abandonado y en 2012 transportó 335 mil toneladas.
La sociedad tendrá a su cargo la prestación y explotación comercial del servicio, la operación y logística de trenes, la atención de estaciones, el mantenimiento del material rodante, infraestructura, equipos, terminales de carga y servicios de telecomunicaciones de ese ferrocarril. El objetivo del Gobierno es transportar 100.000 toneladas por mes a finales de este año y alcanzar las 300.000 toneladas por mes para 2015.
El artículo 75, inc. 18, manda al Congreso a proveer lo conducente a la prosperidad del país, promoviendo la construcción de ferrocarriles.
El sistema carguero transporta, según datos de la CNRT, 20 millones de toneladas al año.
Con respecto al Tren de la Costa, cuya concesión había sido entregada en 1993 al grupo argentino Sociedad Comercial del Plata, Randazzo explicó que el contrato fue rescindido debido al deterioro de las estaciones del ramal, la frecuencia del servicio, nadie controla los boletos y la falta de mantención de la infraestructura ferroviaria. También especificó que la cancelación del contrato alcanza a todos estos activos construidos sobre tierras propiedad del Estado y no solo a la línea férrea.
El Estado pagaba el sueldo de los empleados del ramal.
La estatización incluye todas las estaciones y los inmuebles comerciales que originariamente poblaban las paradas del tren.
La duda es si les reconocerá algún activo, como por ejemplo el material rodante, que no es de la concesión sino de Nuevo Tren de la Costa, la sociedad que opera el ramal y que alumbró después del concurso de SCP.
En estos temas, el Estado debe regular el funcionamiento del servicio público. Debe mantener la continuidad, proteger la igualdad y exigir la prestación del servicio en el transporte de pasajeros, preservando la seguridad y cuidar el medio ambiente.
Debe proteger a los usuario, fijar tarifas, controlas las inversiones, etcétera.
En el Gobierno comentaban que desde 2001 que no se pagaba el canon, argumento que era rebatido en los escritorios del concesionario. Recordaban que fue el Estado el que prohibió aumentar las tarifas durante años mientras los costos subían.
En estas estatizaciones no se habló de compensación o dinero ya que los contratos contemplan cláusulas de rescisión en caso de incumplimientos.
Superada la crisis financiera del 2001, resurge la orientación en las políticas públicas inclinadas a dotar de más y mejores infraestructuras al territorio, una de ellas es reestablecer el sistema de transporte por ferrocarril en el país, que tanto se vio afectado a través de los años y los gobiernos.
En relación a los recursos, en los últimos años han crecido las transferencias del Estado Nacional al sector energético y al sector de transporte.
La ley 26.352 promulgada en 2008, crea dos nuevas sociedades del estado: la Administración Ferroviaria y la Operadora Ferroviaria. La primera maneja las inversiones y se encuentra a cargo de la administración de todos los bienes del área, y la segunda, es quien podrá asumir la prestación de los servicios de pasajeros y carga.
http://www.perfil.com/politica/Gobierno-reestatiza-dos-trenes-y-el-Parque-de-la-Costa-20130604-0015.html
http://www.clarin.com/politica/Estatizaron-Tren-Parque-Costa_0_931707262.html
http://www.clarin.com/politica/Estatizaron-Tren-Parque-Costa_0_931707262.html
http://noticias.terra.com.ar/politica/randazzo-anuncio-la-estatizacion-del-tren-de-la-costa-y-all,34aaf3185c01f310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
http://www.lanacion.com.ar/1588576-estatizaron-el-tren-de-la-costa-y-otra-linea-de-cargas
Saludos.
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